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Miércoles, 20 Diciembre 2017 13:40

SÁENZ PEÑA- ANULAN SENTENCIA DE CÁMARA CRIMINAL Y EL ABOGADO MICHLIG DEBE VOLVER A LA CÁRCEL

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La resolución de la Sala Segunda Penal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia mediante la cual se hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscal de Cámara dejó sin efecto lo actuado por la Cámara Primera en lo Criminal respecto de resoluciones vinculadas con el otorgamiento del recurso de queja, la revocatoria a la resolución del Juzgado de Ejecución Penal, que terminaron beneficiando al abogado Juan Manuel Michlig

El letrado es uno de los principales imputados en la causa por la que se investiga una supuesta asociación ilícita organizada, para cometer estafas inmobiliarias. Tras un supuesto agravamiento en las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario II, derivó que el abogado accediera al beneficio de la prisión domiciliaria

La resolución suscripta por los jueces de la Sala II, Emilia María Valle y Rolando Ignacio Toledo, supone que de quedar firme la resolución Michlig dejará de gozar del beneficio y deberá volver a cumplir detención en alguna unidad del Servicio Penitenciario Provincial o policial.

A pocas horas del inicio de la feria judicial, la resolución causó un nuevo revuelo en la causa principal investigada por la fiscal Liliana Lupi. Además, la resolución también rechazó la apelación planteada por la querella.

Por la situación de supuesto agravamiento de las condiciones de detención a partir de supuestos aprietes y supuestos pedidos de dinero, la defensa técnica de Michlig había presentado un Hábeas Corpus Correctivo ante el Juzgado de Ejecución Penal que fue denegada al igual que la apelación presentada tras el primer revés, por lo que decidió recurrir en queja a la Cámara Primera en lo Criminal que finalmente hizo lugar al recurso y ordenó el cambio de lugar de detención. Aunque en principio la idea era alojarlo en una unidad policial, los informes de estas sobre la imposibilidad de hacerlo debido a la falta de cupo, finalmente se le concedió la prisión domiciliaria.

En una instancia superior, la sala del STJ se pronunció rechazando el recurso de queja como así también la apelación presentada por la querella, pero decretó la nulidad de lo actuado por los camaristas, resolución que ya le fue notificada tanto a la Cámara primera como a la Fiscalía de Investigaciones que lleva adelante la IPP de la causa principal.

 

La apelación de la fiscal

Entre los considerandos, en su primera parte, la resolución hace referencia a la apelación presentada por la fiscal María Rosa Osicka, quien entendió hallarse legitimada conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Provincial de Ministerio Público Nº 4396 y que la apelación es la vía recursiva procedente de acuerdo con la ley provincial de hábeas corpus artículo 15.

Sostuvo que “la Cámara Criminal no resulta competente para resolver sobre la queja, debiendo intervenir el Superior Tribunal de Justicia, entendiendo se ha producido una denegación del acceso a la justicia”.

En su apelación, la fiscal destacó que “la Cámara del Crimen es incompetente para morigerar la situación de detención del imputado, ya que existe una causa penal en fase investigativa, soslayando atribuciones propias de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías. Causa donde además ya se pronunció la Cámara de Apelaciones sobre la prisión preventiva del imputado”.

Además subraya que “se vulneraron derechos constitucionales de la parte querellante, como el doble conforme y el acceso a la justicia; afectándose el principio de igualdad ante la ley de otras personas privadas de su libertad, al beneficiarse sólo a Michlig con la detención domiciliaria por supuesto hostigamiento de las fuerzas de seguridad, cuando en esa situación también pueden estar los demás presos”.

 

La actuación de la Cámara

Al analizar lo actuado por la Cámara Primero en lo Criminal en primer lugar hace una acabada reseña sobre la competencia citando autores y jurisprudencia concluyendo que “se advierte una nulidad de carácter absoluto que debe declararse de oficio concerniente a la capacidad del tribunal”.

En ese sentido considera la sala en su resolución que “El a-quo erróneamente interpretó el art. 15 de la ley de hábeas corpus, toda vez que al hacer lugar al recurso de queja del amparado” y sostiene que: “en atención a los principios de celeridad procesal propios del instituto en estudio, conforme el artículo16 de la Ley de Hábeas Corpus deberá señalarse audiencia conforme a lo previsto por la norma legal”

Soslaya en la segunda parte del artículo que refiere a la competencia de esta Sala, “cuando el hábeas corpus sea resuelto como en el presente caso, por un magistrado que juzga en instancia única (juzgado de ejecución), al establecer: “Contra la decisión podrá interponerse recurso de apelación ha Concedido el recurso, el juez o tribunal remitirá las actuaciones a la Cámara del Crimen que por turno corresponda, aunque la decisión hubiere sido dictada por un juez de otro fuero. Si la decisión proviniere de un tribunal colegiado de segunda instancia, o que juzgue en única instancia, o de un miembro de éstos, se remitirán las actuaciones a la Sala Segunda del Superior Tribunal de Justicia”.

En consecuencia, la sala del Superior Tribunal de Justicia deja en claro que “corresponde declarar la nulidad de la Resolución Nº 180 de fecha 25 de octubre del presente año donde la Cámara del Crimen hiciera lugar a la queja formulada por el amparado y, como consecuencia de ello, la audiencia, la Resolución Nº 182 de fecha 27 del mismo mes por la que se revocara la Resolución Nº 366 del Juzgado de Ejecución y la Resolución Nº 195 por la que no se hiciera lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Cámara” concluyen la sala Penal y Correccional en su resolución.

 

 

 

Diarioi Norte

 

 

 

 

 

 

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